Desde que hizo pública su preferencia sexual, la vida del profesor AgustÃn Estrada Negrete ha sido amenazada. Desde hace diez años, él es un activista social a favor de las personas con discapacidad. Pero en 2007, cuando asumió la lucha abierta por los derechos de la comunidad homosexual, ha perdido el trabajo, la tranquilidad y la libertad.
Este no es un caso aislado, es la historia de un hombre que revela el grado de homofobia que hay en el paÃs y por el que las organizaciones de derechos humanos han solicitado la intervención de AmnistÃa Internacional (AI), la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La persecución en contra de AgustÃn Estrada tiene como autores a padres de familia y funcionarios de la SecretarÃa de Educación Pública del Estado de México, en donde él ejercÃa su profesión.
Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), señala que para acabar con las prácticas homofóbicas, es necesario hacer cambios legislativos que impliquen una sanción para quien discrimina. La Constitución mexicana reconoce el derecho a no ser discriminado «por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas».
La organización civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos señala que «en México, aunque formalmente existe plena libertad para que las personas expresen su identidad de género o sus afectos con personas del mismo sexo -al no haber norma alguna que criminalice ni la orientación o preferencia sexual, ni la identidad o expresión de género-, a menudo se presentan agresiones sistemáticas contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgenéricas y transexuales».
Grupo Lesbico de Nicaragua
