Rechaza la SCJN se criminalice a quienes decidan abortar

Por Lourdes Godínez LealMéxico, DF, 21 sep. 09 (CIMAC).-
La Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) revisará minuciosamente los amparos, controversias y recursos deinconstitucionalidad presentados por algunas entidades federativas en contra delas leyes aprobadas que protegen la vida desde el momento de laconcepción-fecundación y que criminalizan el aborto, para que las mujeres quetomen esta “difícil y lamentabilísima decisión no sean discriminadas, llevadasa tribunales y enfrenten procesos legales para privarlas de su libertad”.
Así lo señaló hoy la ministra Olga Sánchez Cordero, entrevistada al término dela presentación del Diagnóstico en materia de equidad de género en la SCJN yque en 2008 votara a favor de la despenalización del aborto hasta las 12semanas de gestación en el Distrito Federal.
Al ser cuestionada por Cimacnoticias sobre si la SCJN mantendrá su postura dedefensa a los derechos de las mujeres en el tema del aborto, tal y como lo hizoen agosto pasado al declarar constitucional la despenalización del aborto en elDF al revisar los amparos contra las leyes locales, la ministra dejó en claroque “no está en contra de la vida ni a favor del aborto”.
Dijo que “hay una situación muy particular” entre los ministros, tal como sevio en la votación del histórico 28 de agosto de 2008, ya que, insistió, “noestamos en contra de la vida, no estamos a favor tampoco del aborto”; de lo quese trata, dijo, es de que una mujer que tome una decisión “lamentabilísima parasu propia vida y emocionalmente muy desgastante” no sea discriminada y llevada a tribunales y a un proceso penal para privarla de su libertad.
“De eso estamos hablando, no de otros temas, de la conducta de esta mujer que encircunstancias muy personales y que no conocemos, toma una decisión tan difícilporque así es, y que tras de ésta se le lleve a un proceso penal y a tribunalespara ser privada, en su caso, de su libertad”.
En su opinión, lo que sucede actualmente en 15 entidades federativas queprotegen la vida desde el momento de la concepción “es una situación depenalización, de criminalización a las mujeres” que toman la decisión deabortar, independientemente de las circunstancias.Cabe recordar que Baja California, Colima, Jalisco, Sonora, Puebla, Morelos,Campeche, Querétaro, Quintana Roo, Durango, Nayarit, Guanajuato, San LuisPotosí, Yucatán y recientemente Oaxaca, han modificado sus constitucioneslocales para proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación, yalgunas más sus Códigos Penales.La ministra informó que “cada vez hay en la Corte más controversiasconstitucionales” de municipios contra las legislaciones modificadas yaprobadas.
“Cada caso tiene sus particularidades” y precisó que no se puede hacer unaafirmación generalizada porque no es lo mismo una acción deinconstitucionalidad, como la que se presentó contra la Asamblea Legislativadel Distrito Federal, que las que se han presentado de municipios y que soncontra el Congreso local.Olga Sánchez Cordero precisó que en este sentido serán revisados todos y cadauno de los recursos interpuestos ante la máxima instancia de justicia del paíscon sus particularidades y descartó opinar sobre el destino que tendrán en laCorte.
“Yo no sé cuál sea el destino de estos asuntos porque, insisto, lasparticularidades de cada caso son diferentes, son asuntos que debemos ver contoda precisión y con todo detenimiento y yo no tengo idea de cómo vayan aresultar estas sentencias”, dijo.Por lo pronto informó que no existe una fecha para discutir el tema ya quedepende de cuándo lo presenten los ministros encargados a consideración delpleno.RECURSOS EN LA SCJNA partir de dichas reformas algunas entidades federativas han recurrido adiversos recursos legales para que los derechos humanos, sexuales yreproductivos de las mujeres les sean restituidos.Así, se han presentado ante la SCJN 497 amparos: 67 de Colima, 167 deGuanajuato, 115 de Puebla, 76 de Quintana Roo y 72 de Sonora.
También, a principios de 2009, se presentó un recurso de inconstitucionalidadpromovido por la Procuraduría estatal de Derechos Humanos de Baja California.En un hecho “histórico” por el contexto conservador que caracteriza a esteestado, el municipio de Uriangato, en Guanajuato, también hizo lo mismo enjulio pasado.Las organizaciones civiles han pedido al Ombudsman yucateco y de Querétaro hacerlo mismo que sus pares de Guanajuato y Baja California; sin embargo, hasta lafecha no lo han hecho.
CASOS EN JUSTICIA INTERNACIONALOtras entidades federativas le han apostado a la justicia internacional alagotar los recursos nacionales, como Morelos, ya que las organizaciones civilesdefensoras de los derechos sexuales y reproductivos presentaron el pasado 9 dejunio, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su peticiónde admisibilidad de 150 casos.El 29 de julio pasado las organizaciones fueron notificadas de la admisión dela solicitud de los 150 casos, informándoles que la Comisión haría lainvestigación correspondiente y emitiría un informe de fondo.
En el caso de Nuevo León, el pasado 22 de julio el gobernador de la entidad,José Natividad González Parás, ejerció su derecho al veto contra las reformaspromovidas por los diputados panistas Enrique Barrios Rodríguez y Juan ManuelVillanueva Arjonque, que pretendían aplicar mayores sanciones a quienes aborteny practiquen abortos.

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